Negreira, de 78 años, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado Joaquín Aguirre, informaron este martes fuentes judiciales.
Aguirre, que había pospuesto esta comparecencia en varias ocasiones, investiga los pagos efectuados por el Barcelona a empresas del que fuera número dos de los árbitros españoles durante 25 años.
El juez decidió citarlo tras concluir, en base a distintos informes médicos, que, aunque sufre algún deterioro de memoria, tiene facultades mentales suficientes para afrontar un juicio.
En un primer momento, la defensa de Negreira había pedido que no declarara alegando que sufría demencia.
El exárbitro es el primer investigado que comparece ante el juez por este caso, en el que también figuran como imputados el Barcelona, su actual presidente, Joan Laporta; y sus dos antecesores en el cargo, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, entre otros.
Acusado por varios delitos graves
La Fiscalía achaca a los investigados delitos de "corrupción entre particulares en el ámbito deportivo", "administración desleal" y "falsedad en documento mercantil", a los que el juez Aguirre agregó otro de "cohecho".
Todos ellos están siendo investigados por estos pagos a empresas de Negreira que se habrían dado desde 2001 hasta 2018, cuando dejó su cargo como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que organiza y dirige el arbitraje español.
Según la denuncia de la Fiscalía, Negreira habría cobrado a través de sus empresas entre esos años 7,3 millones de euros del Barcelona.
La justicia española trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de influir de alguna manera en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por informes arbitrales.
"Al margen de la hipótesis del juez que dice que hemos comprado árbitros, algo que no es cierto, está la nuestra que no hemos negado nunca, que es que hemos pagado dinero por unos servicios técnicos de asesoramiento sobre árbitros", aseguraba en octubre pasado el presidente del Barça, Joan Laporta.
Para el mandatario azulgrana todo este caso responde a una campaña de desprestigio del Barça, que acabará "en una sentencia absolutoria".