La investigación sobre los cobros recibidos por la empresa Dasnil desde el club catalán cuando su propietario era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha concluido para la Fiscalía con la decisión de presentar una denuncia por corrupción en los negocios contra la entidad blaugrana.
Consideran los investigadores policiales, después de un año de trabajo, que hay indicios suficientes para haber cometido un delito durante varios años. En concreto, desde 2010 hasta 2018. Si bien los pagos por, supuestamente, un asesoramiento arbitral, de los que no hay pruebas físicas, datan desde los tiempos de Núñez en la presidencia azulgrana, estos hechos sólo pueden ser juzgados desde 2010 cuando se realizó una reforma penal que introdujo el fraude en el ámbito deportivo.
Sí que hay constancia documental de pagos por informes y vídeos arbitrales y de jugadores rivales del Barcelona al hijo de Enríquez Negreira a través de una empresa de un, por entonces, directivo del club, Josep Contreras, que ya falleció.
En ese tiempo, Enríquez Negreira facturó al Barça unos 7 millones de euros al tiempo que ejercía un cargo directivo que podría generar un conflicto de intereses por cuanto el club participaba en una competición donde intervenían los árbitros del CTA. La labor de este cuerpo no es la de designar a los colegiados que dirigían los partidos, pero sí se encargaba de decidir sus ascensos y descensos.
Según El País, citando fuentes judiciales, "el delito se contempla en su modalidad continuada, lo que implica una mayor gravedad de las penas". Estas podrían ir desde los seis meses a los cuatro años de prisión, además de una multa y la inhabilitación.