El Barçagate ha dado un paso más en su esclarecimiento con la admisión a trámite de la citada denuncia, en la que también están incluidos como acusados Óscar Grau y Albert Soler, exejecutivos deportivos del club azulgrana.
Con los supuestos delitos hasta 2010 ya prescritos, por lo que otros expresidentes se han librado de la demanda, la investigación de los hechos se centran desde ese mismo año hasta 2018, tiempo en el que el que Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) a la vez que, supuestamente, realizaba informes arbitrales al Barcelona.
Para la Fiscalía, hay indicios suficientes para pensar que, en realidad, los pagos millonarios -más de 7 millones de euros- se destinaban a Enríquez Negreira para que "a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones".
La denuncia apoya esta afirmación en que las empresas de Negreira "giraron facturas que fueron presentadas al cobro ante el FCB sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real".
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha confirmado la admisión a trámite en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Ciudad Condal, ha recordado que las diligencias están abiertas por "delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, delito continuado de administración desleal y delito continuado de falsedad en documentación mercantil".