La juez de Barcelona, encargada del caso, ha instruido a la entidad de Chamartín "en su condición de participante en la competición deportiva es titular del bien jurídico deportivo”.
El auto asegura que “los hechos investigados indiciariamente se refieren a determinadas actuaciones de personas vinculadas al FC Barcelona tendentes a favorecer a dicho Club en la toma de decisiones de los árbitros y, de esa forma, en los resultados de la competición.
El escrito, por otra parte, asegura: “Es indiferente que corresponda a LaLiga la organización de la competición puesto que cualquier Club que participa en la misma tiene un interés directo en que no se produzcan actos de cualquier índole que supongan una manipulación deportiva de tal modo que se pueda producir la alteración ilegal del resultado de la competición y que suponen una quiebra al principio de confianza e integridad que rige la competición".
La jueza, en ese contexto, ha rechazado la petición del Consejo Superior de Deportes, asegurando que “ya que no tiene el concepto de víctima directa del delito como acusación popular dado que solo permite esta condición a las administraciones públicas cuando exista habilitación legal expresa para el ámbito penal, la cual no hay en el presente caso”.