El juez instructor Joaquín Aguirre López dijo que creía que cualquier otro equipo de LaLiga que compitió contra el Barcelona entre 2001 y 2018 -cuando el club realizó supuestos pagos a una empresa propiedad de Enríquez Negreira, vicepresidente en ese tiempo del CTA- podría haberse visto perjudicado por la presunta trama y podría emprender acciones legales.
En marzo, los fiscales presentaron una denuncia por presuntos pagos de más de 7,3 millones de euros durante 17 años a empresas propiedad de José María Enríquez Negreira, que fue vicepresidente del Comité de Arbitraje de la Federación Española de Fútbol entre 1993 y 2018.
El eterno rival del Barça, el Real Madrid, se había unido a la acusación en la demanda como parte perjudicada. Algo que el club azulgrana y su expresidente Josep María Bartomeu habían querido evitar.
"Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira alrededor de 7 millones de euros desde 2001 si no se viera beneficiado por él", dijo Aguirre en la sentencia del martes rechazando el recurso del Barça contra la participación del Real Madrid en la querella.
Otros equipos de Primera división podrían haberse visto potencialmente perjudicados también, dijo, si se probaba que el CTA asignaba árbitros a determinados partidos según criterios ajenos a sus cualidades técnicas.
La función real de Enríquez Negreira
De este modo, el juez rechaza el argumento del actual presidente del Comité Arbitral, Luis Medina Cantalejo, de que la función de Enríquez Negreira como vicepresidente fuese "simplemente representativa". Es más, recuerda que el propio investigado declaró a la Agencia Tributaria que revisaba "los informes que hacían los árbitros después de cada partido" para "puntuarlos". Esa puntuación permitía a los árbitros acceder a la internacionalidad y al cobro de más dinero.
Reuters no ha podido ponerse en contacto con Negreira. El Barcelona y el Real Madrid no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.
Una nueva posible forma de soborno
"En cualquier caso, estamos ante una novedosa forma de posible retribución ilegítima para los árbitros de fútbol", ha añadido.
Según el juez, Negreira era el encargado de clasificar y evaluar a los árbitros. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado pruebas de que Negreira pagara a los árbitros para influir en los resultados de los partidos, dijo Aguirre. Pero añade que "lo que tiene que investigar la Guardia Civil es si se instauró en el seno del CTA, tal como apunta el letrado del querellante y árbitro Xavier Estrada, un sistema de calificación de los árbitros tutelado por el vicepresidente Negreira que podría permitir a los árbitros afines a él dirigir partidos relevantes de La Liga o Copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentando así sus ingresos de manera muy importante".
De ahí que, según el juez, sea necesario "estudiar si el pago anual a Negreira constituye, en sí mismo, un delito aunque no se acredite el pago por Negreira a árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos", puesto que el Barcelona no documentó esos pagos en sus cuentas. Por ello hará nuevos requerimientos de documentación a la RFEF, al Barcelona e incluso a la Federación Catalana de Fútbol.
Pieza separada
El tribunal también abrió una causa separada para investigar el presunto blanqueo de dinero por parte de Negreira, su hijo y la red de empresas a través de las cuales se efectuaron los supuestos pagos del Barcelona.
En un comunicado emitido en febrero, el Barcelona negó haber cometido delito alguno, afirmando que había pagado a un consultor externo que le suministraba "informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional". Se trataba de una práctica habitual entre los clubes de fútbol profesional, afirmaron.