La denuncia fue presentada hace años por el fondo de inversión DIS, que tenía el 40 % de los derechos económicos del jugador cuando militaba en el Santos.
Tras su traspaso al club azulgrana en 2013, consideraba esta sociedad que se habían acordado un precio de traspaso de 17,1 millones de euros, muy por debajo del valor de mercado para evitar pagarle más de los 6,8 millones de euros que les abonaron, y que el resto del montante que abonó el Barcelona, 60 millones a N&N –sociedad familiar de Neymar– y otros 7,9 por derechos futuros de tres jugadores del Santos, también deberían haber formado parte del acuerdo oficial.
Sin embargo, la Audiencia de Barcelona, con anterioridad, en 2022, y ahora el Tribunal Supremo, han absuelto a Neymar, Rossell y Bartomeu sentenciando que no hubo delito en la adquisición del futbolista y que los hechos prueban "inconsistencia de la acusación".
"No hubo ni delito de corrupción en los negocios ni estafa impropia. Ni por el jugador ni sus representantes ni por el FC Barcelona. Todo se debió a una decisión deportiva del club que quiso asegurarse su fichaje y luego decidió adelantarlo", señala la nota del Alto Tribunal español.
Esto cierra la vía penal del caso, pues se deja constancia de que no hubo delito en la adquisición del jugador.